Mi deuda y los fondos buitre

En esta época “post-crisis” o de recuperación, al menos en términos macroeconómicos, el ciudadano ha asumido como habitual la presencia cotidiana en los medios de comunicación de los llamados popularmente como fondos buitres. Los conocidos como fondos buitres no son más que fondos de inversión que adquieren bienes, paquetes de acciones  o deuda para obtener una rentabilidad económica para sus accionistas. Nada más. Por este motivo se dedican a analizar las inversiones que les puedan resultar más rentables para sus accionistas y, al disponer habitualmente de un elevado capital que les proporciona un gran poder negociador, les resulta posible acometer grandes operaciones con una elevada rentabilidad. En los últimos tiempos es habitual que los citados fondos de inversión adquieran, por ejemplo, grandes carteras de créditos impagados o de hipotecas. Pongamos un ejemplo. Un fondo de inversión realiza una oferta al banco X para adquirir 10.000 créditos hipotecarios impagados o en riesgo próximo a estarlo. El banco, por un lado, estará encantado de desprenderse de un elevado número de créditos “problemáticos” (ahorran costes judiciales, provisiones por riesgo de impago, etc…) y, por otro, el fondo también lo estará, pues suelen adquirir este tipo de paquetes por un porcentaje muy inferior a su valor real. Si bien el porcentaje del valor del crédito hipotecario dependerá de la calidad del crédito, se estima que los fondos pueden comprar paquetes de créditos hipotecarios por un 10-20% de su valor nominal. Por lo tanto, el deudor hipotecario (o de otro tipo) verá de pronto como su acreedor hipotecario, en lugar de su banco de toda la vida, pasa a ser un fondo de inversión extranjero cuyo nombre nunca había escuchado, que se lo hará saber por medio de una amable comunicación. Tengamos en cuenta que el Código Civil permite al acreedor vender una deuda sin el conocimiento o consentimiento del deudor, que deberá limitarse a eso, a pagar. ¿Cuál es la paradoja? Pues que mientras que el deudor seguirá debiendo, por ejemplo, 200.000 euros, el fondo de inversión habrá adquirido ese crédito por tan solo 20.000 euros. ¿Les parece justo? A priori no, ¿verdad? Por eso deben leer con atención lo que voy a explicarles a continuación: en algunos casos, el deudor podrá recomprar ese crédito por lo mismo que lo haya comprado el fondo en cuestión. Es decir, en el supuesto anterior, el deudor dejaría de deber 180.000 euros y el fondo no ganaría absolutamente nada. ¿Cuáles son los requisitos para que un deudor pueda recomprar su deuda al mismo precio que se le ha vendido a un tercero? El Código Civil lo regula en su artículo 1535, a través del llamado derecho de retracto. Las condiciones que deben cumplirse son, principalmente, que el crédito en cuestión sea litigioso (es decir, que su existencia, cuantía o exigibilidad se esté discutiendo en un Juzgado) y que se ejercite en un plazo de nueve días desde que se le ha comunicado que el acreedor ha cambiado y que tiene que pagarle a él en adelante. Lo que he explicado antes puede aplicarse a toda clase de créditos, no solamente a los hipotecarios, pues es muy habitual que las compañías de teléfonos, por ejemplo, vendan enormes paquetes de deuda a precios irrisorios. Así que, como ven, hay que buscar el lado positivo de todo. ¡Hasta de las ventas masivas de nuestras deudas!

El concurso “exprés”o cómo el administrador puede salvaguardar su responsabilidad personal

Como la mayoría de las normas, la Ley Concursal recoge en su articulado algunos pequeños secretos que pueden resultar de una gran utilidad si sabemos utilizarlos. En esta entrada voy a referirme a los conocidos popularmente como “concursos exprés”.

Como sabréis la mayoría de vosotros, el concurso es un procedimiento que debe solicitar cualquier persona física o jurídica que se encuentre en situación de insolvencia inmediata o inminente. El objetivo de este procedimiento consiste en asegurar un “trato paritario” para todos los acreedores, conocido también como pars conditio creditorum.

Solicitar el concurso cuando estemos en situación de insolvencia es una obligación legal que nos atañe a todos. Tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Esta obligación se traduce en que, cuando no vayamos a poder hacer frente a nuestras obligaciones de pago, debemos solicitar esta situación concursal. Resumiendo mucho, el concurso puede tener dos finales: o se alcanza un convenio con los acreedores sociales o la empresa se liquida. Y, lamentablemente, el % de empresas que acaban en liquidación es muy elevado. Además de la propia liquidación de la empresa, esto conlleva un problema adicional: la apertura de la fase de calificación del concurso. 

La fase de calificación pretende, esencialmente, valorar si el deudor ha generado o agravado su estado de insolvencia. Si el Juez declara que es así, los administradores y/o apoderados generales  –y otras personas que puedan ser declaradas cómplices– pueden ser declarados responsables y ser obligados a hacer frente a un % o al total de los créditos no pagados tras la liquidación de la compañía con cargo a su patrimonio personal.

Pero es que además de los riesgos que entraña la fiscalización de la actividad empresarial para los propios administradores sociales, un procedimiento concursal es largo y costoso tanto en términos de tiempo como de dinero.

Y es aquí dónde entra la figura del –demasiado– poco conocido concurso exprés.  Este procedimiento, que no puede aplicarse en todos los supuestos, se regula en el artículo 176.bis.4 de la Ley Concursal, que dice así: 

 4. También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros.

El concurso exprés permite que en el mismo Auto se declare abierto y concluso el procedimiento concursal. No se nombra administración concursal. No se acuerda el llamamiento de acreedores. No se abre la sección de calificación del concurso. Se declara extinguida la sociedad en el mismo Auto que declara el concurso. 

Para poder acogerse a esta modalidad concursal –resumiendo mucho, pues hay que ver caso por caso– es preciso reunir los siguientes requisitos:

1.- Que la empresa no tenga bienes suficientes con los que hacer frente a los créditos contra la masa. Esto impide que el concurso cumpla su finalidad (pagar a los acreedores), por lo que abrir un procedimiento solamente generaría más deudas. 

2.- Que no sea previsible el ejercicio de acciones de reintegración, impugnación o responsabilidad de terceros. Esto supone que la contabilidad de la empresa debe estar muy ordenada, presentada y debe existir una justificación razonable de todos los pagos que se hayan acometido, sobretodo en fechas próximas al concurso. 

A continuación, sin facilitar datos personales, voy a transcribir la parte dispositiva del último Auto que hemos obtenido en el despacho en esta materia. Sí puedo desvelaros que se trata de una resolución que ha sido dictada por un Juzgado de lo Mercantil de Madrid –ya contamos con 3, dictados por 3 Juzgados de lo Mercantil distintos–. Aquí va: 

I.- DECLARACIÓN: Debo declarar y declaro en concurso a XXXX, S.L., con domicilio en XXXX, Madrid. 

II.- CONCLUSIÓN DEL CONCURSO: Debo acordar y acuerdo sin más trámites la conclusión del concurso de XXXX, S.L.., sin que proceda nombramiento de Administración concursal ni apertura de las secciones concursales, ni llamamiento de acreedores.

III. Declarar extinguida la sociedad y el cierre de su hoja de inscripción en el Registro  Mercantil que corresponda, a cuyo efecto expídanse los despachos correspondientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LC, que serán entregados a la representación procesal del deudor, para su inmediata remisión y práctica de los asientos registrales previstos, en concreto, en el Registro Mercantil haciéndoles saber que hasta que no sea firme la presente resolución, la anotación se hará con carácter preventivo, sin perjuicio que se proceda a la inscripción definitiva, una vez que conste la firmeza.

Si tenéis dudas concretas, estaré encantado de resolverlas! 

 

Ignorancia deliberada en el blanqueo de capitales

1.- Los abogados que nos dedicamos al penal conocemos que uno de los tipos más amplios y que admite mayores formas de comisión es el blanqueo de capitales, regulado en el artículo 301 del Código Penal. El hecho tipificado en el anterior precepto es el siguiente:

1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes,sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva…

2.- Como vemos, existen multitud de comportamientos mediante los que puede consumarse el tipo penal en cuestión: “adquirir, poseer, utilizar, convertir, transmitir...”. Los otros dos requisitos son (i) que los bienes provengan de una actividad delictiva y (ii)  que el sujeto haya llevado a cabo la acción “conociendo” el origen ilícito del bien en cuestión.  Empleando, quizás, una rápida definición del tipo penal para diferenciarlo de otras modalidades delictivas similares como la receptación (artículo 298 CP) o el encubrimiento (451 CP), podría decirse que el blanqueo consiste en una actividad que busca reintegrar dentro de la legalidad un bien que se ha obtenido fuera de ella, mediante la comisión de un delito.

3.- La mera lectura del tipo penal en cuestión nos indica la necesidad de que el sujeto activo del delito “sepa”, “conozca”, el origen ilícito de los bienes que adquiere, utiliza o posee. Sin embargo, ¿qué intensidad debe revestir ese conocimiento para integrarse dentro del tipo penal? Esta cuestión, que ha sido altamente tratada por nuestra jurisprudencia, es analizada a la perfección en la Sentencia 487/2014, de 9 de junio de 2014, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En ella, al igual que en muchas otras, resulta de aplicación la denominada como “doctrina de la ignorancia deliberada“.

4.- En la antedicha Sentencia, la representación procesal de una de las acusadas aseveraba que “no concurría el elemento del dolo” previsto en el artículo 301 porque su cliente no conocía, al tiempo de llevarse a efecto los hechos, que el dinero que ella utilizaba procedía de actividades delictivas desarrolladas por su marido. El Tribunal Supremo, por su parte, puso de manifiesto que existían numerosos indicios (información en los medios de comunicación sobre posibles actividades de su cónyuge, incoación de procedimientos penales contra él por posibles delitos urbanísticos y de corrupción…) que, unidos a la existencia de maletines con dinero efectivo en la vivienda, provocaban que necesariamente esa persona tuviese conocimiento del origen delictivo del dinero.

5.- Pero volvamos al inicio de la cuestión. ¿Cómo de intenso ha de ser ese “saber”, ese “conocimiento”, para poder subsumirlo dentro del elemento subjetivo del dolo necesario para la concurrencia de este tipo penal? Así se pronuncia la anterior Sentencia:

“El referente legal lo constituye la expresión “sabiendo”, que en el lenguaje normal equivale a tener conciencia o estar informado.No implica, pues, saber (en sentido fuerte) como el que podría derivarse de la observación científica de un fenómeno, o de la implicación directa, en calidad de protagonista, en alguna conducta; sino conocimiento práctico, del que se tiene por razón de experiencia y que permite representarse algo como lo más probable en la situación dada. Es el que, normalmente, en las relaciones de la vida diaria permite a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qué atenerse respecto de alguien (STS. 2545/2001, de 4-1-2002).

(…) basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito grave (ahora ya de cualquiera, aunque no sea grave), por ejemplo por su cuantía, medidas de protección, contraprestación ofrecida, etc. Así, la STS 1637/2000, de 10 de enero, destaca que el único dolo exigible al autor y que debe objetivar la Sala sentenciadora es precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito grave (STS 2410/2001, de 18-12), o del tráfico de drogas, cuando se aplique el subtipo agravado previsto en el art. 301.1, habiéndose admitido el dolo eventual como forma de culpabilidad (SSTS. 1070/2003, de 22-7; y 2545/2001, de 4-1- 2002).

6.- Como hemos visto, el Alto Tribunal admite expresamente el dolo eventual (forma más débil del dolo, referida a aquel sujeto que conoce la posibilidad de que tenga lugar un resultado dañoso y, pese a ello, sigue adelante con su acción) como forma de culpabilidad y, sobretodo, alude a la necesidad de que un sujeto deduzca, a tenor de las circunstancias, si los bienes que utilizó o adquirió tenían un origen delictivo.

7.- El Alto Tribunal ha aplicado la antedicha doctrina en muchas otras resoluciones. Por citar una que la enuncia con suma claridad, la Sentencia nº 1310/2011, de la Sala Segunda de lo Penal, de fecha 12 de diciembre de 2011, deduce el conocimiento del origen ilícito del dinero en atención a “la intimidad que implica los lazos familiares” que unía a los acusados. En cuanto al “conocimiento” del origen ilícito, al elemento subjetivo del dolo, el Alto Tribunal dispone lo siguiente:

“Se trata de un elemento anímico que por su naturaleza intelectual no puede ser acreditado por prueba directa, sino circunstancial o indiciaria. En el presente caso, los mismos elementos indiciarios anteriormente consignados acreditan suficientemente la concurrencia de ese componente subjetivo del delito respecto de los tres acusados: el incuestionable conocimiento de seis condenas a Remedios por otros tantos delitos de tráfico de drogas, tanto por ésta como por su hija María Luisa y el marido de ésta, en una actividad delictiva que proporciona pingües beneficios; la inexistencia de fuentes lícitas de las que pudieran proceder tan elevadas sumas de dinero; la utilización de menores como titulares de las cuentas corrientes donde se ingresaban esas sumas y las inexplicables y continuas operaciones de transferencias entre unas y otras cuentas ejecutadas por personas que no tenían actividad laboral conocida y acreditada.
Todos estos elementos indiciarios son los que valora el Tribunal para llegar al racional convencimiento de que los acusados actuaban con la consciencia de la ilícita procedencia del dinero.
En todo caso, de lo que se trata es de determinar la concurrencia del dolo en las actividades desarrolladas por los acusados en relación con ese elemento del tipo delictivo y, a tenor de lo expuesto, no cabe dudar de que actuaron con dolo directo, pero en todo caso, con dolo eventual de quien se pone en ignorancia deliberada en situaciones de circunstancias que sustentan vehementes y solidísimas presunciones decidiendo no querer saber aquéllo que puede y debe conocerse”

8.- Por tanto, al valorar si una persona “sabía” o no que el dinero que llegaba a su casa provenía de un origen ilícito, el Tribunal hará un análisis de si ese sujeto debería haberlo sospechado aplicando, en resumidas cuentas, el sentido común. Si alguien está casado con un concejal de urbanismo y empiezan a aparecer sobres con dinero dentro de las enciclopedias, lo lógico sería sospechar acerca del posible origen ilícito del dinero. Por el contrario, si el marido es un empresario que hace negocios ilícitos a espaldas de su mujer y le da dinero en efectivo para los gastos familiares, no parece razonable deducir que esa persona deba conocer que su marido obtiene ese dinero de una actividad delictiva.

9.- Por último, no quisiera pasar por alto que el delito de blanqueo de capitales admite una modalidad de comisión por imprudencia grave (302.3 CP), algo que debe tenerse en cuenta a la hora de confeccionar un plan de prevención de riesgos penales empresarial. Es más, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga en su artículo 39 a impartir una formación obligatoria anual a los sujetos obligados, incluyéndose dentro de esta obligación de la formar específicamente a los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado.

 

 

 

La edad media judicial… televisada

No está nada de moda, ni es popular, lanzar un capote desde un medio de comunicación a los millares de “imputados” que hay en España hoy en día. La facilona dicotomía intelectual imperante en la sociedad, el estás conmigo o contra mí, suele llevar a que la gente se sume a las mayorías de opinión sin analizar una multitud de factores imprescindibles para llegar a una conclusión acertada.

No es extraño, y todos Uds. estarán de acuerdo conmigo, que cuando aparece una noticia de que Fulanito está imputado, la gente suele aferrarse a los mismos, y ya manidos, lugares comunes y frases hechas: “Otro que ha robado”, “son todos iguales” y, sobretodo, “a la cárcel con él”.

Los medios de comunicación, a fuerza de saltar de escándalo en escándalo, ofrecen a los ávidos espectadores cantidades ingentes de corrupción en forma de artículos, tertulias y reportajes; piezas periodísticas que, en muchos casos, mezclan indistintamente hechos, hipótesis policiales y opiniones del periodista… Cuando no directamente filtraciones judiciales o de parte interesadas.

Esos cócteles judicial-periodísticos son una combinación adictiva y estimulante para el espectador, que consume uno tras otro con una desmedida avidez. Los programas matutinos (antaño conocidos coloquialmente, y con todos mis respetos, como “de marujeo”) ya no comentan los fracasos escolares del hijo de la Pantoja o las andanzas de los grandes hermanos, sino que analizan milimétricamente los casos de la Infanta, Luis Bárcenas o Jaume Matas.

El resultado de lo anterior es, a mi juicio claro, sencillo y no admite discusión: todos los protagonistas están socialmente condenados de antemano, con independencia de si un Juez determina su culpabilidad o no. De hecho, hemos llegado al extremo de que, cuando alguien es absuelto, se comienza a hablar de manejos o influencias. Es algo demencial.

El problema es que, paralelamente a la mediatización de la instrucción judicial, comienzan a surgir voces críticas con la figura del Juez de Instrucción y sus facultades durante la investigación. Al hilo de lo anterior, esta semana he leído un artículo del abogado Javier Gómez de Liaño con el que no puedo estar más de acuerdo, titulado “Miserias de la Justicia Penal” en el que analiza la dificultad de que, con el sistema establecido actualmente, el Juez de Instrucción se limite a investigar y no suponga, en muchos casos, un enjuiciamiento anticipado y adopte medidas que superan con creces la investigación judicial de un posible delito.

El fundamento de que en España instruya un juez y enjuicie otro es el de la no contaminación del juzgador, es decir, que decida una persona distinta a la que ha investigado para que esté libre de prejuicios sobre el comportamiento del acusado. Por este motivo, el autor del anterior artículo plantea la dificultad de conjurar la actividad instructora con medidas tales como la prisión provisional, entre muchas otras, que en muchos casos suponen un anticipo de la pena y una decisión sobre la libertad del reo vulnerando su presunción de inocencia, tomada por un Juez objetiva y evidentemente “contaminado” por sus hallazgos en la actividad instructora. Además, indica el Sr. Gómez de Liaño, en muchos casos puede utilizarse como una herramienta para forzar pactos o confesiones del imputado.

El Sr. Gómez de Liaño señala certeramente, además, que en palabras del profesor Fermín Morales el procedimiento penal se sitúa en «los albores de una nueva Edad Media Judicial». Pues bien, yo añadiría una palabra: Edad  Media Judicial televisada.

Responsabilidad civil de los gestores de entidades financieras

Dada la gran repercusión que continúa teniendo este tema, aprovecho para reproducir el artículo que publiqué junto con mi compañero Rafael Ansón en la revista Lawyer Press. Es un interesante resumen de los presupuestos habilitantes de la responsabilidad civil de los gestores de las antiguos Cajas de Ahorros.

El objeto del presente artículo es analizar las responsabilidades civiles de los antiguos Administradores de Cajas de Ahorros (o miembros de sus Comisiones Delegadas) con motivo de la aprobación de operaciones perjudiciales para el patrimonio de la entidad, durante el ejercicio de sus cargos.
Nuestro análisis debe partir de la ausencia de normas específicas que regulen la responsabilidad de los Administradores de las Cajas de Ahorros (no de los Bancos). En efecto, no hay regulación directa sobre el nivel de diligencia exigible a estos Administradores, ni norma alguna que configure una acción específica por la que respondan civilmente de los eventuales daños que sus actuaciones pudieron provocar, como sucede con los Administradores de las Sociedades de Capital a través de las acciones individuales y sociales de responsabilidad, así como su responsabilidad solidaria respecto a las deudas sociales en ciertos casos (art. 367 LSC). 
Por otro lado, con carácter general (puesto que existen distintas normativas autonómicas que las complementan), las normas que regulan la composición y el funcionamiento de las Cajas de Ahorros son las siguientes: (i) Ley 31/1985, de regulación de las Normas básicas de los Órganos rectores de las Cajas de Ahorros (en adelante “Ley 31/1985”), y (ii) el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (en adelante “RD 11/2010”). 
En este sentido, de conformidad con lo dispuesto por las normas antes citadas, los órganos rectores de las Cajas de Ahorros son los siguientes: la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control; de ellos, será el Consejo de Administración quien desempeñe las funciones ejecutivas en sentido estricto, bien directamente, bien a través de comisiones delegadas (p. ej. Comisión ejecutiva) y, por lo tanto, serán sus integrantes los sujetos civilmente responsables de los daños causados . 
Adicionalmente, la Comisión de Control será responsable, siempre que no haya ejercido adecuadamente sus funciones inspectoras .
En cuanto a los requisitos subjetivos para desempeñar el cargo de Consejero de una Caja de Ahorros, ha de tenerse en cuenta que el artículo 15.2 de la Ley 31/1985 exigía que la mayoría, (no la totalidad), de los miembros del Consejo de Administración poseyeran los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio de su cargo, circunstancia que exigirá el análisis caso por caso de la posible negligencia de cada administrador, en los términos que a continuación se indicarán. El citado artículo 15.2 fue posteriormente endurecido, por el RD 11/2010 (vid. Art. 3), debiendo ser acreedores, entre otros aspectos, de honorabilidad comercial.
La inexistencia de un mecanismo específico para exigir la responsabilidad civil de los miembros del Consejo de Administración de una Caja, así como la inaplicabilidad de la Ley de Sociedades de Capital a las Cajas de Ahorro, implican la necesidad de aplicar analógicamente la acción de responsabilidad contractual, recogida en el artículo 1101 del Código Civil. 
De acuerdo con el precepto antes señalado, deberán responder de los daños y perjuicios causados quienes, durante el cumplimiento de sus obligaciones, contractuales o no , incurrieran en dolo, negligencia, morosidad o, de otra forma, las contravinieran. 
Por consiguiente, los requisitos que se precisan para que prospere una acción por responsabilidad contractual son los siguientes: (i) preexistencia de una obligación, (ii) incumplimiento de la obligación preexistente, (iii) dolo, culpa, negligencia o falta de diligencia en la actuación del gestor y (iv), finalmente, el nexo causal entre la actuación del sujeto y los daños producidos.
Dejando a un lado la culpa y el dolo, cuyos rasgos son fácilmente identificables, quizá se antoje más complicada la determinación del grado de diligencia que sirva de “vara de medir” para los Administradores de las Cajas de Ahorros.
Así, a falta de una previsión específica en las normas antes indicadas, se hace necesario aplicar analógicamente lo dispuesto por el artículo 1104 del Código Civil, que señala que la culpa o negligencia del deudor se define como “aquella falta de diligencia que exija la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar” que, dentro del ámbito de las Sociedades de Capital, se equipara con el grado de diligencia que hubiese mostrado un ordenado empresario y representante leal (arts. 225 y 226 LSC).
Aplicando lo dispuesto por el artículo 1104 CC antes referido, el estándar de diligencia exigible a los administradores de las Cajas de Ahorros sería incluso superior al de “un ordenado empresario” en relación con las operaciones que pudieron provocar un quebranto patrimonial, tales como la concesión de préstamos, y ello debido a que (i) la naturaleza de la obligación –entre otras, las concesiones de préstamos- y (ii) las circunstancias de personas, tiempo y lugar (sujetos a quienes se les exige y presume una capacidad profesional suficiente para desempeñar sus funciones) así lo exigen. 
Por otra parte, para que nazca la obligación de indemnizar, se hace preciso que el sujeto en cuestión haya provocado un daño directo, real y efectivo frente a los intereses de la Caja, lo cual deberá acreditarse de forma fehaciente a través del análisis de la operación. 
La cuantía por la que deberá responder cada sujeto abarcará tanto los daños directamente provocados (daño emergente) como las ganancias que, como consecuencia del hecho dañoso, hayan dejado de obtenerse (lucro cesante) .
En cuanto a la legitimación activa para el inicio de la acción descrita, dentro del ámbito de las Cajas de Ahorros, estará legitimado para su ejercicio el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, bien directamente , bien a través de acuerdo de la Asamblea General y, si fuese un Banco, por su Consejo de Administración. 
En cuanto a la prescripción de la acción, el plazo para ejercitarla son 15 años, a contar desde que pudo ser ejercitada (vid. Art. 1964 CC).
Finalmente, debe destacarse que desde que se perfecciona la cesión del negocio bancario del que eran titulares las Cajas a favor de los Bancos, a los nuevos gestores de ese negocio, que son los Consejeros de los Bancos, se les aplica, lógicamente, el régimen de responsabilidad de administradores previsto en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa concordante. Por tal motivo, convendrá que los actuales Consejeros de los Bancos analicen las acciones “irregulares” cometidas anteriormente de las que se tenga conocimiento, pues, de no hacerlo, podrían incurrir en responsabilidad por omisión frente al Banco por perjudicar sus intereses .

Las cláusulas suelo

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Pese a que mucha gente lo desconozca, es posible que su escritura de préstamo hipotecario disponga de una cláusula suelo.

Pero, ¿cómo me afecta la existencia de una cláusula suelo? La respuesta es que una cláusula suelo afecta mucho al titular del préstamo hipotecario, máxime en una época en la que el EURIBOR está en unos valores muy bajos.

En primer lugar voy a explicar qué es una cláusula suelo. Una cláusula suelo es una estipulación que se incluye en un préstamo hipotecario y que establece un valor mínimo para los tipos de interés que tiene que pagar el prestatario. Por ejemplo, es habitual que esta clase de escrituras de préstamo hipotecario contengan una redacción como la siguiente: “No obstante todo lo anterior, el tipo de interés nominal anual resultante de la revisión que se aplicará al préstamo en ningún caso podrá ser inferior al 3%, ni superior al 19%” ¿Parece claro lo que indica el préstamo, verdad? Pues no es, ni mucho menos, tan claro como aparenta ser.

El problema viene porque, algunas páginas después, la escritura hipotecaria contiene otra previsión, la del índice de referencia al que se vinculará el tipo de interés del préstamo hipotecario. El índice de referencia, que suele ser el EURIBOR, es una cifra que servirá para determinar cuanto paga un consumidor por un préstamo hipotecario. Es decir, si un consumidor ha contratado un préstamo hipotecario a EURIBOR + 0,50, pagará la cifra a la que esté el EURIBOR en cada momento más un porcentaje del 0,50%.

La cuestión es que, en muchas ocasiones, resulta imposible para el consumidor abonar el tipo de interés pactado con su banco debido a la cláusula suelo. ¿Por qué motivo? Muy sencillo, porque aunque tu hayas pactado el pago de EURIBOR + 0,50 existe un límite del 3% que será el suelo del préstamo, por lo que todo lo que quede por debajo de esa cifra no será de aplicación para el consumidor.

Es decir, en un préstamo en el que su suelo fuera de un 3%, el consumidor no podría beneficiarse de el reducido valor al que está el EURIBOR en la actualidad.

El pasado día 9 de mayo de 2013, el pleno del Tribunal Supremo dictó una conocida sentencia por la que anulaba una serie de cláusulas suelo de distintas entidades financieras. Precisamente gracias a la indicada sentencia, un gran número de consumidores han podido ver cómo se anulaban sus cláusulas suelo.

Sin querer entrar a desgranar la anterior sentencia, sí me gustaría esbozar unas notas sobre qué requisitos deben concurrir para que se anule una cláusula suelo, puesto que la nulidad no es automática e incondicional:

1.- La cláusula debe ser clara, precisa y comprensible.

2.- El consumidor ha de tener un perfecto conocimiento de que se trata de un elemento esencial del contrato de préstamo hipotecario, recibiendo una correcta información previa sobre qué implicaciones conlleva su aceptación. ¿Cómo se consigue esto? Pues, por ejemplo, exponiendo diversas simulaciones sobre la evolución del EURIBOR y cómo afectarían las mismas al pago de su préstamo hipotecario. En síntesis, el consumidor debe saber que no va a beneficiarse de las bajadas del EURIBOR por debajo del suelo en ningún caso.

Lo que el Tribunal Supremo reprochó a esos bancos fue que no explicaran con la debida claridad que la presencia de una cláusula suelo suponía una garantía, sí, pero para ellos mismos, puesto que se garantizaban que siempre se les iba a abonar un tipo de interés fijo con independencia de lo que ocurriera con el EURIBOR. En cambio, el consumidor no tenía un interés fijo en el techo, sino variable, puesto que los valores que se ponían en los techos (12%-19%) jamás iban a ser alcanzados por los niveles en los que estaba el EURIBOR.

En todo caso, los niveles de éxito en las demandas que manejan las asociaciones que conozco rondan el 70%-80%

Si alguien estuviera interesado en recibir más información, puesto que no pretendo convertir los posts en disquisiciones excesivamente técnicas, puede escribirme a ptoran@mascalvet.com

Un saludo a todos y se agradecerán vuestros comentarios!!!