Dada la gran repercusión que continúa teniendo este tema, aprovecho para reproducir el artículo que publiqué junto con mi compañero Rafael Ansón en la revista Lawyer Press. Es un interesante resumen de los presupuestos habilitantes de la responsabilidad civil de los gestores de las antiguos Cajas de Ahorros.

El objeto del presente artículo es analizar las responsabilidades civiles de los antiguos Administradores de Cajas de Ahorros (o miembros de sus Comisiones Delegadas) con motivo de la aprobación de operaciones perjudiciales para el patrimonio de la entidad, durante el ejercicio de sus cargos.
Nuestro análisis debe partir de la ausencia de normas específicas que regulen la responsabilidad de los Administradores de las Cajas de Ahorros (no de los Bancos). En efecto, no hay regulación directa sobre el nivel de diligencia exigible a estos Administradores, ni norma alguna que configure una acción específica por la que respondan civilmente de los eventuales daños que sus actuaciones pudieron provocar, como sucede con los Administradores de las Sociedades de Capital a través de las acciones individuales y sociales de responsabilidad, así como su responsabilidad solidaria respecto a las deudas sociales en ciertos casos (art. 367 LSC). 
Por otro lado, con carácter general (puesto que existen distintas normativas autonómicas que las complementan), las normas que regulan la composición y el funcionamiento de las Cajas de Ahorros son las siguientes: (i) Ley 31/1985, de regulación de las Normas básicas de los Órganos rectores de las Cajas de Ahorros (en adelante “Ley 31/1985”), y (ii) el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (en adelante “RD 11/2010”). 
En este sentido, de conformidad con lo dispuesto por las normas antes citadas, los órganos rectores de las Cajas de Ahorros son los siguientes: la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control; de ellos, será el Consejo de Administración quien desempeñe las funciones ejecutivas en sentido estricto, bien directamente, bien a través de comisiones delegadas (p. ej. Comisión ejecutiva) y, por lo tanto, serán sus integrantes los sujetos civilmente responsables de los daños causados . 
Adicionalmente, la Comisión de Control será responsable, siempre que no haya ejercido adecuadamente sus funciones inspectoras .
En cuanto a los requisitos subjetivos para desempeñar el cargo de Consejero de una Caja de Ahorros, ha de tenerse en cuenta que el artículo 15.2 de la Ley 31/1985 exigía que la mayoría, (no la totalidad), de los miembros del Consejo de Administración poseyeran los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio de su cargo, circunstancia que exigirá el análisis caso por caso de la posible negligencia de cada administrador, en los términos que a continuación se indicarán. El citado artículo 15.2 fue posteriormente endurecido, por el RD 11/2010 (vid. Art. 3), debiendo ser acreedores, entre otros aspectos, de honorabilidad comercial.
La inexistencia de un mecanismo específico para exigir la responsabilidad civil de los miembros del Consejo de Administración de una Caja, así como la inaplicabilidad de la Ley de Sociedades de Capital a las Cajas de Ahorro, implican la necesidad de aplicar analógicamente la acción de responsabilidad contractual, recogida en el artículo 1101 del Código Civil. 
De acuerdo con el precepto antes señalado, deberán responder de los daños y perjuicios causados quienes, durante el cumplimiento de sus obligaciones, contractuales o no , incurrieran en dolo, negligencia, morosidad o, de otra forma, las contravinieran. 
Por consiguiente, los requisitos que se precisan para que prospere una acción por responsabilidad contractual son los siguientes: (i) preexistencia de una obligación, (ii) incumplimiento de la obligación preexistente, (iii) dolo, culpa, negligencia o falta de diligencia en la actuación del gestor y (iv), finalmente, el nexo causal entre la actuación del sujeto y los daños producidos.
Dejando a un lado la culpa y el dolo, cuyos rasgos son fácilmente identificables, quizá se antoje más complicada la determinación del grado de diligencia que sirva de “vara de medir” para los Administradores de las Cajas de Ahorros.
Así, a falta de una previsión específica en las normas antes indicadas, se hace necesario aplicar analógicamente lo dispuesto por el artículo 1104 del Código Civil, que señala que la culpa o negligencia del deudor se define como “aquella falta de diligencia que exija la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar” que, dentro del ámbito de las Sociedades de Capital, se equipara con el grado de diligencia que hubiese mostrado un ordenado empresario y representante leal (arts. 225 y 226 LSC).
Aplicando lo dispuesto por el artículo 1104 CC antes referido, el estándar de diligencia exigible a los administradores de las Cajas de Ahorros sería incluso superior al de “un ordenado empresario” en relación con las operaciones que pudieron provocar un quebranto patrimonial, tales como la concesión de préstamos, y ello debido a que (i) la naturaleza de la obligación –entre otras, las concesiones de préstamos- y (ii) las circunstancias de personas, tiempo y lugar (sujetos a quienes se les exige y presume una capacidad profesional suficiente para desempeñar sus funciones) así lo exigen. 
Por otra parte, para que nazca la obligación de indemnizar, se hace preciso que el sujeto en cuestión haya provocado un daño directo, real y efectivo frente a los intereses de la Caja, lo cual deberá acreditarse de forma fehaciente a través del análisis de la operación. 
La cuantía por la que deberá responder cada sujeto abarcará tanto los daños directamente provocados (daño emergente) como las ganancias que, como consecuencia del hecho dañoso, hayan dejado de obtenerse (lucro cesante) .
En cuanto a la legitimación activa para el inicio de la acción descrita, dentro del ámbito de las Cajas de Ahorros, estará legitimado para su ejercicio el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, bien directamente , bien a través de acuerdo de la Asamblea General y, si fuese un Banco, por su Consejo de Administración. 
En cuanto a la prescripción de la acción, el plazo para ejercitarla son 15 años, a contar desde que pudo ser ejercitada (vid. Art. 1964 CC).
Finalmente, debe destacarse que desde que se perfecciona la cesión del negocio bancario del que eran titulares las Cajas a favor de los Bancos, a los nuevos gestores de ese negocio, que son los Consejeros de los Bancos, se les aplica, lógicamente, el régimen de responsabilidad de administradores previsto en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa concordante. Por tal motivo, convendrá que los actuales Consejeros de los Bancos analicen las acciones “irregulares” cometidas anteriormente de las que se tenga conocimiento, pues, de no hacerlo, podrían incurrir en responsabilidad por omisión frente al Banco por perjudicar sus intereses .